Corte Suprema escuchó a indígenas por desmontes
Pueblos indígenas del norte argentino lograron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentara al gobierno nacional y al de la provincia de Salta a dar explicaciones en una audiencia pública sobre los desmontes.
Federico González Brizzio
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En la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay escucharon hoy a representantes indígenas y criollos de comunidades afectadas por los desmontes en Salta y luego interrogaron al fiscal de Estado de Salta,Ricardo Casali Rey, al ministro de Ambiente de Salta, Julio Nasser y al flamante secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni.
Durante la audiencia, que se desarrolló en la sede del máximo tribunal del país, Nasser reconoció que el gobierno salteño no tiene una evaluación del impacto ambiental de los desmontes que se autorizaron en los últimos años.
“¿Hubo alguna instancia de evaluación en cuanto al efecto acumulativo de las autorizaciones en materia de impacto ambiental?” preguntó el juez Zaffaroni. “Hasta el momento no”, respondió el ministro salteño.
Entre septiembre de 2004 y diciembre de 2007, el gobierno de Juan Carlos Romero aprobó pedidos de desmonte por 807.509 hectáreas; la mitad de estos permisos fueron otorgados a fines del 2007, días antes de que la Ley de Bosques fuera aprobada.
En diciembre pasado, la Corte Suprema había ordenado la suspensión de los desmontes cuyas autorizaciones hayan sido extendidas a partir del último trimestre de 2007, ya que desde ese entonces “se habría verificado un abrupto incremento en los pedidos”, coincidente con la ya previsible aprobación de la Ley de Bosques en el Congreso –la que finalmente se sancionó el 28 de noviembre de ese año.
“Pese a este atropello social y ambiental, el gobierno salteño parece no comprender el reclamo de los pueblos indígenas ni las exigencias de la Corte Suprema. Su plan de ordenamiento territorial –presentado recientemente para cumplir con las obligaciones de la Ley de Bosques- no incluye siquiera un mapa y pretende que todas las solicitudes de desmonte anteriores a la Ley, sean concretadas”, afirmó Pablo Frère, director de FUNDAPAZ, organización que trabaja para el desarrollo rural en el norte argentino, con comunidades aborígenes y familias campesinas.
Por su parte, el dirigente campesino Alfredo Riera dijo al finalizar la audiencia, que “si las comunidades de los lugares y los criollos hubieran tenido ya sus títulos de la tierra no hubiese ocurrido lo que hoy ocurre, porque no hubiesen podido arrasar con todos los montes ya que las comunidades se iban a oponer”.
Más información: www.proteger.org.ar/desmontes
